Dossier temático

Necropolíticas y la precarización de la vida: el desplazamiento forzado y el crimen organizado como marcos contextuales de las juventudes migrantes contemporáneas

Necropolitics and the precarization of life: Forced displacement and organized crime as contextual frameworks for contemporary migrant youth

ricardo.carlos.ernesto.gonzalez@uabc.edu.mx

Recibido: 19/11/2025

Aceptado: 22/03/2026

RESUMEN

El estudio de la violencia requiere comprender sus manifestaciones cotidianas y las condiciones políticas que administran la vida y la muerte. En este contexto se destaca las políticas de muerte que gestionan las formas de morir y son ejercidas por poderes fácticos, siendo las migraciones contemporáneas un claro ejemplo de ello. Este artículo propone una ruta de análisis sociológico con enfoque crítico, sostenida en dos conceptos clave: la necropolítica y la violencia social para interpretar las violencias complejas que enfrentan las poblaciones migrantes. Este marco se complementa con las nociones de anulación de la vida social violenta y escenarios hostiles, culminando en la propuesta conceptual de aniquilamiento continuum. Este andamiaje analítico se aplica al caso de los jóvenes en desplazamiento forzado hacia la frontera México-Estados Unidos. Su tránsito está atravesado por la violencia del crimen organizado y las fuerzas armadas del Estado, estructuras amparadas en políticas de abandono y discursos de paz institucional. Para su abordaje empírico, se emplearon metodologías cualitativas mediante etnografía multisituada y entrevistas narrativas, permitiendo comprender cómo estas dinámicas precarizan la vida de las juventudes migrantes.

Palabras clave: violencias, migración, aniquilamiento, frontera, jóvenes

ABSTRACT

The study of violence requires understanding its everyday manifestations and the political conditions that govern life and death. In this context, the policies of death that manage the ways of dying and are exercised by the powers that be stand out, with contemporary migrations being a clear example of this. This article proposes a critical sociological analysis based on two key concepts: necropolitics and social violence, in order to interpret the complex forms of violence faced by migrant populations. This framework is complemented by the notions of violent social annihilation and hostile scenarios, culminating in the conceptual proposal of annihilation continuum. This analytical framework is applied to the case of young people forcibly displaced to the Mexico-United States border. Their journey is marked by violence from organized crime and the state’s armed forces, structures protected by policies of abandonment and discourses of institutional peace. For its empirical approach, qualitative methodologies were used through multi-sited ethnography and narrative interviews, allowing us to understand how these dynamics make the lives of migrant youth precarious.

Keywords: violence, migration, annihilation, border, youth

INTRODUCCIÓN

Y ahora me encuentro asustado, confundido, aproximadamente en el olvido enlatado, oprimido, seriamente desnutrido agitado, entumido, excitantemente mal vestido cautivo de la calle. La Castañeda, 1994.

La globalización, como fenómeno social clave en la expansión de mercados y nuevas articulaciones culturales, fue en sus inicios un proyecto que prometía, a través del mercado global, dar posibilidades de transformación a diferentes sectores bajo una aparente democratización, al tiempo que se expandía la industria y los medios para impactar las condiciones de vida, incluyendo con ello el conocimiento hegemónico generalizado.

No obstante, tal como Giddens (2000) lo sostuvo, este mismo proceso concibió exigencias en las poblaciones mundiales que promovieron a transformarse en nombre de un epicentro económico, al punto que al hablar de globalización se “…tiene algo que ver con la tesis de que todos vivimos ahora en un mismo mundo” (p. 30). En el contexto latinoamericano, esta exigencia global ha desmantelado las economías locales, dejando a las juventudes sin anclajes materiales ni simbólicos. Así, el supuesto “mismo mundo” se experimenta desde una exclusión profunda, convirtiendo la expulsión territorial hacia el norte global en una de las pocas vías disponibles para intentar acceder a los beneficios prometidos por este modelo.

Esta propuesta puede interpretarse como un ordenamiento impositivo si consideramos las exigencias de la producción económica. Estas se articulan bajo un conjunto de violencias que van desde las estrictamente económicas hasta las que Žižek (2009) denomina como violencia objetiva. En este sentido, las dinámicas de la globalización no se reducen a un proceso económico global, sino a la ejecución de condiciones de precarización que afectan a unos sectores más que a otros.

Así, la promesa inicial de la globalización como un modelo que nos impulsaría al bienestar genera hoy más desencanto que esperanza, pues nos introduce al panorama de un mundo diseñado para el control, donde se impone el mismo modelo de interacción y socialización. Este desencanto es, de hecho, el motor estructural del desplazamiento forzado contemporáneo. Las juventudes centroamericanas y del sur de México, despojadas de un horizonte de futuro en sus lugares de origen, emprenden el tránsito hacia la frontera norte no como un acto de libre movilidad, sino como una respuesta ineludible ante la violencia objetiva que ha vuelto inhabitables sus propios entornos.

En este marco, el mercado global ha consolidado la capitalización de la vida biológica y social -incluyendo las formas de (sobre) vivir- con el afán de cumplir con los estándares exigidos de consumo y producción, supeditando con ello las condiciones mínimas de bienestar. En consecuencia, se generan dinámicas que permiten algunas existencias sociales mientras castigan otras: en las primeras se encuentra la correspondencia del deber ser, y en las segundas, el objeto de castigo. Los jóvenes migrantes latinoamericanos encarnan, de manera trágica, estas existencias castigadas. Al no encajar en los engranajes formales de la productividad en sus países, sus cuerpos son leídos como excedentes o prescindibles, arrojados a rutas migratorias donde se topan con aparatos de seguridad y fronteras que administran su sufrimiento y criminalizan su tránsito.

Salvador y Vargas (2021) afirman que “el acto y hecho de consumir, involucra diversas implicaciones en distintos niveles y dimensiones…” (P. 11); Bauman (1999) por su parte responde de forma crítica afirmando que “La globalización divide en la misma medida que une” (P. 8), y es que no es nueva la ambición por generar cuadraturas de consumo y producción en las que todo el mundo entre, pero tampoco ha caducado esta afirmación y por lo tanto, una gran mayoría de las personas nos vemos implicadas de forma consciente o inconsciente.

No obstante, la medida de nuestra presencia social queda atada a nuestra capacidad de producir, siendo explotados en todas las formas posibles. En consecuencia, al ser excluidos de estas cuadraturas formales en sus lugares de origen, las juventudes se desplazan hacia el norte de México buscando reinsertarse en la economía global, aun sabiendo que dicho mercado laboral y fronterizo (como la maquila o la economía informal) los absorberá bajo lógicas de hiperexplotación, validando su presencia únicamente como mano de obra barata y desechable.

En este proceso, nuestras interacciones con tales economías subyacen a dos condiciones de índole más estructural: las lógicas de consumo y explotación sobre los cuerpos, que se plantan como el “deber ser” promovido deade la globalización, tienen en su columna vertebral expresiones diversas de las violencias sociales (Imbert, 1992), que logran ser articuladas bajo la noción de las necropolíticas (Mbembe, 2011) y reflejadas en ejecuciones tales como el aniquilamiento continuum (Ernesto, 2024) y los escenarios hostiles (Valenzuela, 2019), que define el autor como:

[…] distintos registros de violencia entre los cuales se identifican los siguientes: la precariedad como violencia económica que afecta a millones de jóvenes que no logran cubrir mínimos de bienestar, ni la canasta básica…La violencia institucional que les estigmatiza y criminaliza incrementando sus niveles de vulnerabilidad…también se manifiesta en biopolítica, a la que he definido como estrategias de poder que buscan controlar el cuerpo de los jóvenes, entre las que he destacado la significación corporal, sexualidad, prohibición y penalización del aborto, esterilizaciones forzadas, violencia obstétrica, disposiciones eugenésicas, imposición de patrones estéticos, marcos prohibicionistas…La violencia contra los movimientos sociales antisistema, disidentes, altermundistas o que escapan al control institucional…La violencia social vinculada a los marcos prohibicionistas y al llamado crimen organizado afecta de manera central a los jóvenes…La violencia barrial o pandilleril como violencia que confronta a los propios jóvenes a conflictos y violencia autodestructiva, así como a la criminalización externa e institucional que identifica a las identidades juveniles pobres asentadas en los barrios como formas delincuenciales…La violencia publicitaria y de difusión de patrones y modelos de vida consumistas que excluyen a la mayoría de la población que se encuentra muy lejos de esos productos, condiciones y escenarios de consumo. Las violencias adulto-gerontocráticas obedecen a relaciones sociales que tienden a excluir los jóvenes de los espacios de poder usualmente dominados por los mayores, y a la violencia sexual (pp. 59-60)

En relación a estas últimas nociones, la primera advierte una forma de vulnerabilidad que en su arqueología es posible encontrarse desde el control de la vida, hasta las estrategias sistémicas de dar muerte. Y en la segunda se presenta un conjuntos de caracteristicas de vida que convergen en una, o varias, sobre los sujetos sociales precarizados. Este marco conceptual describe a la perfección no solo los territorios que expulsan a las juventudes latinoamericanas, sino la geografía misma de su tránsito. El corredor migratorio hacia el norte de México es, por definición, el escenario hostil por excelencia: un espacio donde los jóvenes quedan atrapados entre las redes del crimen organizado -que los cosifica como mercancía de extorsión, trata o reclutamiento forzado- y la militarización del Estado, ejecutando una necropolítica patente sobre sus trayectorias. El aumento de las poblaciones globales y la disminución de acceso a la vida digna han fundado los cimientos de un estado de precarización perpetuo, en donde uno de los ejes rectores que posibilita esto es el conjunto de las violencias en sus diferentes representaciones. Así, afirma Imbert (1992) que:

La violencia -o las violencias- no pueden ser tomadas aisladamente. La violencia no es un hecho puntual, aislado (de ahí el falseamiento de los enfoques centrados en la violencia política -véase el terrorismo- o la violencia económica -la delincuencia). La violencia…retomando la fórmula de Marcel Mauss, es un hecho social global (un phénomène social total). No se puede desvincular el análisis de los fenómenos de violencia (pongamos la delincuencia juvenil) de las condiciones económicas, pero tampoco de las representaciones colectivas y del imaginario social (la llamada inseguridad ciudadana es antes que nada un sentimiento, sensación de inseguridad y aunque tenga base real, el discurso sobre la seguridad está influido por el imaginario de la inseguridad). (p. 12)

Resultaría simplista limitar el debate sobre la exposición que experimentan estas poblaciones precarizadas ante una mera ecuación de producción-consumo y medios para alcanzarlos. La imposición de una homologada horma sociocultural y política a las poblaciones globales, ha generado una preocupante sobreexigencia particularmente aplicada a los grupos más vulnerados; con ello, inculcando en los proyectos de vida un apetito colosal de consumoproducción, fundamentado por el mismo tejido cultural y las interacciones asimétricas que depositan el valor de la vida según su capacidad económica o de explotación. Por lo tanto, la migración forzada de estas juventudes hacia el norte mexicano no representa el espejismo del “sueño americano”, sino la cruda materialización de sujetos que, huyendo del aniquilamiento, se adentran en un entramado necropolítico que rentabiliza su vulnerabilidad extrema.

En este sistema, no solo participamos, sino que tenemos un papel activo en su reproducción, limitando las posibilidades de transformación o, incluso, una posible emancipación. Este refuerzo cultural de la dicotomía entre el tener y el no tener, que despoja de valor y presencia a estos últimos por su baja producción socioeconómica, es el motor de lo que propongo denominar como economías de la omisión. La volatilidad que representa la producción de unos sobre la carencia e imposibilidad de otros, nos deja entrever la reducida posibilidad de alcanzar condiciones dignas de vida en los espacios que habitan o bajo las regularidades que les conminan.

Las migraciones -principalmente por desplazamiento forzado- y la incorporación en actividades paralegales (Reguillo, 2012) se convierten en opciones representativas para sobrevivir a dicho panorama desalentador. En el caso específico de las juventudes latinoamericanas, estas “economías de la omisión” se traducen en la negación sistemática de su derecho al futuro en sus países y comunidades de origen. Expulsados de la formalidad y del Estado de bienestar, la ruta hacia el norte de México se erige no solo como un escape de la asfixia económica, sino como un intento desesperado por reclamar una existencia material que sus propios contextos locales les han clausurado.

Es precisamente frente a esta asimetría insostenible donde el desplazamiento forzado cobra un sentido trágico. Para las juventudes precarizadas, cuyos territorios de origen han sido devorados por estas lógicas de aniquilamiento y abandono institucional, la movilidad deja de ser una decisión voluntaria en busca de la promesa globalizada, para convertirse en una huida obligada por la supervivencia. Sin embargo, al emprender el tránsito hacia la frontera norte de México, estos jóvenes no escapan del modelo, sino que se adentran en una geografía donde la necropolítica opera en su máxima crudeza. En este corredor fronterizo, atrapados entre la violencia del crimen organizado y las políticas de contención militar, sus cuerpos se vuelven el último eslabón de la hiperexplotación: sujetos mercantilizados e insertos en una maquinaria que lucra tanto con su tránsito como con su muerte.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo trimestre del 2025 hay 59.4 millones de personas en México Ocupadas y 1.6 millones Desocupadas, siendo personas económicamente activas con edades de 15 años en adelante. No obstante, si colocamos estas cifras frente a las 38.5 millones personas en pobreza multidimensional y 7 millones en pobreza extrema -durante el mismo periodo antes mencionado-, tenemos, por mínimo, un paneo de las condiciones de precarización económica y laboral a las que se sujetan las personas económicamente activas.

Y en donde se germinan ocupaciones laborales poco dignas y justas a las necesidades sociales-cotidianas, dando paso a las acciones antes mencionadas. Estas cifras no solo exponen la fragilidad estructural que empuja al desplazamiento interno de las juventudes mexicanas, sino que también revelan el árido escenario de recepción para los jóvenes migrantes transnacionales. Al llegar a las ciudades de la frontera norte, estos sujetos precarizados se insertan en un tejido económico ya de por sí fracturado, viéndose obligados a competir por empleos en la informalidad o a ser absorbidos por la industria maquiladora bajo regímenes de sobreexplotación que perpetúan su pobreza.

Sin embargo, lejos de cuestionar si estas acciones son pertinentes o no al sistema económico que nos regula, es más relevante apuntar a cómo la validez que otorgamos a los dispositivos de control capitalista se puede apreciar en la negación de la diversidad y la condena de lo diferente, siempre y cuando no sean oportunos o sumatorios a la capitalización del proceso consumo-producción. Es una forma de control o dominio de la vida social a la que no podemos escapar y donde existen sectores más vulnerados que otros, con la imposibilidad de movimiento como un común denominador de los ejercicios de precarización. Al respecto, Bauman (1999) dice:

La movilidad asciende al primer lugar entre los valores codiciados; la libertad de movimientos, una mercancía siempre escasa y distribuida de manera desigual, se convierte rápidamente en el factor de estratificación en nuestra época moderna tardía o posmoderna…Nos guste o no, por acción u omisión, todos estamos en movimiento. Lo estamos, aunque físicamente permanezcamos en reposo: la inmovilidad no es una opción realista en un mundo de cambio permanente. (p. 8)

En el contexto de las migraciones hacia el norte global, esta estratificación de la movilidad adquiere tintes letales. Mientras el capital, las mercancías y las élites cruzan las fronteras con absoluta fluidez y amparo legal, el movimiento de las juventudes empobrecidas es hiper-vigilado, criminalizado y castigado, forzándolas a transitar por rutas clandestinas que las exponen sistemáticamente a la desaparición y la muerte. Bajo esta lógica, aparecen diversas condiciones del movimiento al que alude el autor, las cuales no se reducen a una mera “movilidad social” en términos económicos. Por el contrario, en articulación con el proceso de consumo-producción antes mencionado, se generan desplazamientos que empujan a los sectores precarizados hacia escenarios cada vez más complejos y hostiles.

En estos espacios, dichos sectores se convierten en objeto de un exacerbado ejercicio asimétrico que condiciona la vida y la muerte; esta última, inscrita en los marcos de la necropolítica y alimentada por el dinamismo de las violencias sociales. La frontera norte de México se consolida, en este sentido, como el clímax de dichos escenarios hostiles: un laboratorio social donde el Estado y el crimen organizado convergen para decidir activamente sobre el descarte o la explotación de las juventudes migrantes, confirmando que su desplazamiento forzado los ha insertado de lleno en la fase más cruenta del aniquilamiento continuum.

Aquí es donde encuentro la conjetura con el aniquilamiento continuum y los escenarios hostiles. En primera instancia, a reserva de su posterior desarrollo y vinculación, encontraremos un proceso distintivo del aniquilamiento de la vida que, en la lógica de la necropolítica (Mbembe, 2011), no tiene solo un punto de muerte física, sino que inicia como un abandono y se extiende a un olvido social (Esposito, 2018), llegando hasta el fin de la vida biológica y este último se mantiene en una extensión indeterminada.

En segundo lugar, es crucial examinar las características y mecanismos que condenan a las poblaciones más precarizadas a una muerte aletargada o a una subsistencia degradante. Dichas comunidades se definen por la saturación poblacional, la falta de condiciones dignas, el hacinamiento extremo y la imposibilidad de acceso a derechos básicos. Esta realidad se inscribe en un espacio simbólico de sobrepoblación y escasez de recursos, amplificado por el desinterés estatal en priorizar las necesidades sociales sobre sus agendas económicas, así como relegando a últimas instancias la prioprización de la seguridad pública.

Fenómenos de larga data, como los desplazamientos forzados (por violencia, migración socioeconómica y desastres naturales), se han visto agudizados por el cruce de diferentes formas de violencias, en donde la misma condición migratoria termina siendo propulsada por un conjunto de asimetrías ejecutadas en los lugares de origen y en las experiencias mientras atraviesan diferentes territorios, exponiendo con mayor crudeza la vulnerabilidad sistémica de estos grupos, en donde un nuevo actor se hace visible como nuevo ejecutor de las diferentes formas de violencias sociales: el crimen organizado.

INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS NECROPOLITICAS: EL ABANDONO Y OLVIDO COMO FORMAS DE VIOLENCIA

Desde una perspectiva sociológica, la pertinencia de un texto radica, como señala Boudon (1983), en su capacidad para centrarse en las problemáticas urgentes, necesarias, latentes e inmediatas que atraviesan la vida cotidiana. Este compromiso con la transformación social y la generación de conocimiento orientado a las necesidades de la sociedad define el camino de lo que se ha denominado sociología pública (Burawoy, 2005). Si bien este planteamiento surge de la sociología, su vocación trasciende las fronteras de la disciplina y es compartido por el resto de las ciencias humanas y sociales.

Ante todo, estos esfuerzos académicos deben focalizarse en identificar y comprender las situaciones que obstaculizan, o que, por el contrario, favorecen condiciones de vida óptimas para la población en general. Nuestro interés particular se dirige a aquellas personas que se ven forzadas a migrar debido a escenarios hostiles, especialmente los generados por el crimen organizado. Para dimensionar esta urgencia, basta observar que organizaciones como el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) han documentado en sus informes correspondientes al año 2023 que, históricamente, la violencia ha forzado el desplazamiento interno de más de 380,000 personas en México, sumándose a los cientos de miles de migrantes que transitan anualmente por el país huyendo de dinámicas criminales y económicas idénticas en sus lugares de origen.

Por ello, este abordaje crítico respecto a las condiciones de vida de las poblaciones precarizadas en trásito migratorio y de su habitar en los contextos violentos, requiere partir de dos afirmaciones: la primera es que existe un fracaso rotundo del proyecto Estado Nación, en donde estos grupos tienen que asumir un “deber ser” descolocado, que no corresponde con sus condiciones de vida y, aún más, que fue diseñado en un contexto distinto al experimentado en la actualidad.

La segunda afirmación alude a que la paz institucionalizada es ejercida desde las violencias, utilizando los dispositivos de control del Estado -como los cuerpos armados- y, de forma intensa, sobre grupos que pueden representar amenaza a la estabilidad de una estructura asimétrica e histórica. Esta aseveración se materializa al contrastar el despliegue ininterrumpido de más de 120,000 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y control migratorio, frente al hecho de que los homicidios representan la principal causa de muerte en jóvenes mexicanos de 15 a 29 años, según las Estadísticas de Defunciones Registradas de 2023 y 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La supuesta “paz” militarizada se erige, estadísticamente, sobre la letalidad juvenil.

Tanto la marca del desencanto dejada por las expectativas del proyecto Estado Nación, como el trazo violento para alcanzar la paz institucionalizada, han derivado en el abandono-olvido social, legitimado dentro del marco institucional y de sus dispositivos de gubernamentabilidad. No bastaría con explicar que se aniquila la vida de ciertas poblaciones en el aparente fuego cruzado entre el Estado y los supuestos gestores ilegales de la violencia, sino que se suma una vulnerabilidad de vida rastreable en sus trayectorias y no solo como un trágico recorte del momento de su deceso físico. La magnitud de esta vulnerabilidad biográfica queda expuesta en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el cual, con corte al primer trimestre de 2024, contabiliza más de 114,000 desapariciones históricas en el país, demostrando que el aniquilamiento de estas poblaciones no siempre culmina en un cuerpo visible, sino en la sustracción total de su existencia.

Según Mbembe (2011), las violencias ejercidas por el Estado —particularmente aquellas que regulan la forma de morir de las poblaciones menos representativas—, así como las ejecutadas por otros cuerpos armados que se coluden con la institucionalidad y regularidad del uso de la fuerza, particularmente el crimen organizado, se basan en un conjunto de procedimientos hegemónicos que aseguran su permanencia y reproducción. Este planteamiento invita a reflexionar más allá del exterminio inmediato, abriendo la puerta al análisis de mecanismos de violencia más lentos y poco visibles para encender alarmas.

El análisis de estas condiciones es crucial, sobre todo al abordar violencias indirectas que no provienen visiblemente del Estado, sino que se originan en instancias fuera de las normas legales como el crimen organizado. En estos casos, la necropolítica opera de manera distinta: en lugar de ser una herramienta de la administración estatal para el exterminio, funciona a través de la omisión y el olvido social. Estos mecanismos son los verdaderos dispositivos que delimitan las trayectorias de vida, sumiéndolas en un cúmulo de exclusiones. Con ello, las opciones de acción para afrontar la precarización y sobrevivir tales formas de violencias sociales, va reduciéndose.

Informes de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), particularmente sus reportes consolidados del periodo 2021-2023, evidencian cómo operan estas exclusiones en el terreno: más del 80% de los delitos documentados contra personas en tránsito son perpetrados por particulares y grupos del crimen organizado (robos, secuestros, extorsiones), actuando en una zona de confort propiciada por la deliberada inacción estatal.

La propuesta abandono-olvido social, parte de una lógica procesual entre el ejercicio de ausencia que lleva a cabo el Estado -considerando a este como una acción consciente e intencional-, en relación con las necesidades de distintos sectores poblacionales, y posteriormente su completa anulación de la visibilidad social, en la que la sociedad en general se ve participe. Es crucial distinguir este olvido del propuesto por Augé (1998), quien lo conceptualiza como un mecanismo intencionado o selectivo del sujeto para salvaguardar la individualidad. Augé describe “formas de olvido” que surgen en respuesta a eventos traumáticos y operan como un proceso disociativo o una suerte de protección contra el dolor inherente a la memoria. En ciertas condiciones, este mecanismo incluso puede llegar a compartirse y colectivizarse socialmente.

Esta iniciativa se distingue por su adaptabilidad, facilitando la comprensión de las experiencias de violencia que se dan en los marcos de los movimientos migratorios, a menudo vinculados a la violencia estatal o del crimen organizado. No obstante, el “olvido” aludido —entendido como un proceso de omisiones deliberadas y recurrentes— actúa en la práctica como una serie de dispositivos que marginan a un grupo específico, privándolo de la plena garantía de sus derechos y de la debida intervención del Estado para asegurar su protección y bienestar.

Este olvido deliberado encuentra su respaldo más irrefutable en los índices de impunidad del sistema de justicia. De acuerdo con métricas de organizaciones como Impunidad Cero en sus balances publicados en 2023, la resolución de delitos en México oscila en niveles de impunidad superiores al 90%, cifra que roza el 99% cuando las víctimas son personas migrantes o no documentadas. Así, la omisión se comprueba metodológicamente: el abandono no es una falla del sistema, sino su mecanismo operativo más efectivo.

De este modo, tal negligencia se encuentra íntimamente ligada a un mecanismo de carácter estructural y de índole sistemática. De acuerdo con Esposito (2018), los procesos de memoriarecuerdo y de olvido no son excluyentes sino simultáneos. Por consiguiente, la decisión de omitir o de asegurar la memoria, o los derechos que de ella se derivan, podría tener en su origen en un vínculo de naturaleza estructural, como la autora expone: La tarea de la memoria radica, entonces, en seleccionar qué se recuerda y qué se olvida, procurando encontrar un equilibrio que permita al sistema continuar con sus operaciones, sin someterse a la pura casualidad. Pero, además, la importancia del olvido por sobre el recuerdo deriva del hecho de que para que el olvidar proceda, debe permanecer inadvertido: no podría ocurrir si el sistema no se olvida de la ejecución continua del proceso de recordar/olvidar. (p. 4)

El olvido social, ligado con el ejercicio de abandono, generan una mancuerna consecuente que no puede dejarse de lado cuando se trabajan las formas de necropolítica, en tanto se gestionan formas de aniquilamiento lento o aletargado. Desatender gradualmente las necesidades básicas de una población, en donde el Estado tiene un rol fundamental para asegurar el cumplimiento de sus derechos y el bienestar de su población, es solo posible mediante la ejecucipón coimpleja de diferentes formas de violencias engranadas, operando unas con otras.

Así, podríamos problematizar las formas en que se asume, con frecuencia, que la falta de acceso al trabajo, educación, salud y Derechos Humanos le corresponden completamente al Estado. En derivación, redireccionamos el malestar a un ente social gubernamental y administrativo y no a la ampatía frente a las condiciones deplorables de nuestros iguales. Estas dos problemáticas se interrelacionan de forma continua. Sin embargo, la urgencia de atención varía significativamente entre los distintos sectores.

Si bien he argumentado que estas condiciones socioestructurales, culturales y políticas afectan a todas las personas en situación de vulnerabilidad, la densidad poblacional y la intersección con los indicadores de pobreza revelan grupos que experimentan mayores impactos de estas asimetrías. Entre ellos destacan las personas económicamente activas que se encuentran dentro de los parámetros de la pobreza multidimensional y extrema, quienes, a su vez, están expuestas a escenarios hostiles y a desplazamientos forzados a causa de la violencia social.

Así, el deber ser que es depositado sobre las poblaciones economicamente activas, construido hegemónicamente desde los mundos adultos (Duarte, 2012) ha generado tensiones importantes, en especial respecto al recurso económico resultante del trabajo regulado y su desventaja frente al efecto redituable de las economías irregulares. Desvincular a los sujetos de sus correspondientes contextos sería un error que derivaría en el uso de un enfoque poco útil en la comprensión de las condiciones de vida de las poblaciones precarizadas: refiriéndome no solo de las nacionales, sino también de aquellas que en su tránsito migratorio deben interactuar con las peripecias de nuestro país. Así, una de las estrategias analíticas a las que sugiero recurrir en esta propuesta de análisis sociológico crítico es el principio de la no separabilidad (Ibáñez, 1994).

Bajo esta propuesta, migrar, o transitar de manera forzada, ya sea por condiciones económicas o de violencia armada, representaría una estrategia para conseguir los elementos necesarios en el subsistir cotidiano. Si bien no constituye la mejor de las opciones, sí es la que se ajusta a la urgencia de sus necesidades personales y sociales. Y bajo esta misma lógica, el crimen organizado y la adscripción a lo diversos grupos ha sido, de muchas formas, una oportunidad que solvente con las principales afrentas de la vida cotidiana.

La falta de recursos económicos para cubrir gastos médicos, de alimentación e incluso de vivienda, son resueltos por estas plataformas ocupacionales no reguladas y en el margen de la legalidad, aunque a un costo latente de vida. El mismo desplazamiento representa un componente de las economías que exigen de su “mano de obra” el riesgo de sus propias vidas. Durante el 2024 el Instituto Nacional de Migración registro 1,393,683 personas en tránsito migratorio por México de forma irregular. De los cuales 738,270 eran hombres y 362,979 mujeres adultas; más de 154 mil en núcleos familiares donde se acompañaban más de 135 menores de edad y casi 3 mil menores noa compañados.

En este contexto, la migración representa solo una faceta del proceso de búsqueda de nuevas oportunidades laborales que permitan mitigar la inequidad social y la falta de acceso a empleos regulados. Sin embargo, la segunda vía ocupacional irregular más representativa para una parte significativa de las oblaciones precarizadas, pero que son consideradas economicamente activas para los sistemas globales de producción, es el crimen organizado en sus diversas manifestaciones. El registro de cómo los cárteles del narcotráfico se convierten en proveedores de apoyos económicos y materiales para poblaciones vulnerables es tan extenso que podría, sin duda, competir con las omisiones y ausencias dejadas por el Estado (Ernesto, 2016).

El conjunto de estas acciones ha sido calificado como delitos e irregularidades que, por sus consecuencias, vulneran las condiciones de vida, ignorando por completo que es precisamente el contexto de vulnerabilidad lo que impulsa a las poblaciones, sobre todo a las más precarizadas, a optar por estas vías denominadas como “paralegalidades” (Nateras, Reguillo y Valenzuela, 2013). Asumir, desde el adultocentrismo y la hegemonía, que la regularidad debe ser la única ruta a seguir en el “deber ser” para todas las personas, independientemente de sus adversidades o complejidades, resulta ser una necedad insostenible.

Es posible que la desventaja económica, la precariedad estructural (que se resume en el posible acceso a diversas instituciones) y el mismo olvido social (de la que hemos abonado con la desinformación), hayan obligado a las generaciones más jóvenes a buscar opciones eficaces para solucionar ese rezago latente en la escalada laboral y del “buen vivir”. Hay que cuestionar la percepción que se tiene de aquellas formas en que se ha enfrentado el tema de la incorporación a la delincuencia organizada o al narcomundo. (Ernesto, 2016)

Los motivos de la migración, sumados a la falta de acceso a ofertas laborales, pone en una posición complicada a quienes son expulsados, de forma directa o indirecta, de sus lugares de origen. Pues frente a la necesidad de cumplir con las exigencias de consumo en el costo de vida digna, sostenidos por una economía direccionada desde la vulnerabilidad de las vidas precarias, los mercados paralegales se conciben como las opciones más rentables en tanto que el recurso de inversión más valioso que tienen es su capacidad de sobrevivir.

Las estrategias de la globalización, para potenciar el consumo, la explotación y la expansión, han sido parte de un proceso que pareciera restar valor a la vida, reduciéndola a una utilidad, un cuerpo del que solo se espera la producción económica hasta el último momento de la vida, condicionando siempre el acceso a los servicios y recursos básicos para la vida. El desencanto al que me he referido anteriormente lleva consigo la desolación que representa para las juventudes toda la estructura gubernamental, la administración del Estado y sus instituciones en conjunto. En una de las entrevistas realizadas en Mexicali, Baja California, durante el octubre del 2023, José -joven originario de El Salvador-, comentó:

Salí de mi país porque vivía con miedo…cuando fui a la comandancia puesto policial nadie atendió, no me quisieron escuchar, pasaron los meses y tuve que pensar en salirme. La pandilla también trabaja con policias, con el ejercito, me fui porque ya todos me perseguían, yo estaba reclamando justicia por mi familia, pero tuve que salir, sin trabajo y con miedo, mejor me fui. Si trabajas bien te persiguen, si trabajas mal te persiguen. Y si llegas aquí también te persiguen. (José, 2023)

No obstante, bajo la misma idea analítica debemos poner sobre la reflexión las formas en que estas estructuras del crimen organizado han, de algún modo, suplantado dichas ausencias, no solo por retribuir económicamente ante la precariedad, sino por responder a la falta de “organización”. En México, el crimen organizado a buscado ejecutar las mismas acciones neoliberales que otras industrias privadas, privatizar lo que debería ser público y ser complñice con el Estado para dejar al abandono la garantización de los derechos y aportarlo desde los márgenes de la legalidad gubernamental, ante esto, Rosa -joven originaria de Veracruz, México-, entrevistada en el 2022, comentó:

En Boca del Río no hay trabajo, no te queda de otra que ser halcon¹, pagan mejor que trabajar en otra cosa. Yo estuve trabajando en todo, vendía cosas, en un lugar de recargas de celular, de mesera en un bar. Pero cuando me ofrecieron trabajar con un radio, nada más por estar sentada en la entrada de un negocio, avisar cuando pasaban los verdes², con eso ya tenía para pagar cosas, deudas…también te dan para gastos cuando debes estar en el hospital, cuando necesitas medicamentos y despensas, han hecho casas, desde hace muchos años han estado haciendo eso. (Rosa, 2022)

A partir de los argumentos expuestos, es posible trazar una línea crítica que conecta la violencia estructural con las decisiones de vida de las poblaciones precarizadas. A manera de síntesis, podemos articular este cierre en tres ejes fundamentales que preparan el terreno para nuestro siguiente análisis. La necropolítica de la omisión: el abandono social y la impunidad no son fallas de un sistema rebasado, sino dispositivos de control estatal que operan a través del olvido sistemático. Al negar la protección ciudadana y militarizar la supuesta “paz”, el Estado somete a las poblaciones vulnerables a una forma de aniquilamiento lento, borrándolas del espectro de los derechos humanos.

La paralegalidad como estrategia de subsistencia: ante un “deber ser” hegemónico inalcanzable y un mercado laboral excluyente, la inserción en las redes del crimen organizado y el tránsito migratorio forzado dejan de ser anomalías morales. Representan, bajo el principio de no separabilidad, respuestas racionales de sobrevivencia frente a una estructura que mercantiliza la vida humana hasta su agotamiento. Y finalmente la suplantación del bienestar social: las estructuras criminales han capitalizado el vacío institucional, asumiendo roles de proveeduría y organización que el Estado ha privatizado o abandonado. Esta cooptación no solo lucra con la precariedad, sino que reconfigura las lealtades y las dinámicas de pertenencia en los territorios marginados.

En conclusión, la precarización y la violencia obligan a estas poblaciones a transitar por geografías de riesgo donde la frontera entre la víctima, el migrante y el actor paralegal se desdibuja bajo el imperativo de sobrevivir. Comprender que el narcomundo y la migración irregular operan como las únicas plataformas de contención económica para estos grupos nos exige desplazar nuestra lente analítica. Ya no basta con documentar la expulsión y el abandono; resulta imperativo adentrarnos en las reconfiguraciones de la identidad, los nuevos tejidos sociales que emergen en estos espacios liminales y las lógicas de poder a las que quedan sujetas estas corporalidades en su cotidianidad.

LAS VIOLENCIAS SOCIALES Y LA DESECHABILIDAD COMO RUTA NECROPOLITIZADA

Hasta este punto, la propuesta del abandono-olvido social (Esposito, 2018) se define a partir de dos vertientes: la primera se refiere a la responsabilidad del Estado y la segunda, a la apatía de la sociedad en general como un ejercicio sistematizado que se alberga en los procesos estructurales. El gobierno mexicano, en su respuesta a la precariedad que experimentan sus habitantes, se manifiesta ausente, incurriendo así en el abandono de su deber por garantizar las condiciones de bienestar necesarias para toda la ciudadanía.

Estas responsabilidades se delegan, de facto, a un sistema de meritocracia que sirve como sustento para las exigencias que terminan sobreexplotando a aquellos que ya viven en condiciones precarizadas. Entre estas responsabilidades ineludibles se encuentra la obligación de proveer seguridad, salud, educación, trabajo regulado y ambientes pacíficos. En el momento en que las autoridades gubernamentales adoptan una posición distante de las necesidades de sus naciones y, en particular, de sus poblaciones más vulnerables, se legitima el abandono.

Este trasciende de ser una simple acción individualizada para convertirse en un acto validado por el Estado, ya que, además de la omisión, se implementa una extensa campaña de desprestigio y estigmatización. En consecuencia, la percepción e interpretación que el resto de la sociedad tiene sobre estos sujetos está marcada por la criminalización, una que se centra en su pobreza, vulnerabilidad y en sus estrategias de afrontamiento ante dichas condiciones, con una intensidad variable según el caso.

Tal puente entre la legitimación del Estado y la consecuente acción de apatía e indiferencia por parte de la sociedad mexicana se ve fuertemente respaldado en los discursos que emergen de las autoridades gubernamentales; es decir, la construcción de narrativas estigmatizantes, son un dispositivo (Fanlo, 2012) clave en los procesos de administración para el aniquilamiento de la vida, sobre todo cuando se piensa de forma gradual o lenta. Un ejemplo es el que problematiza Schedler (2014) al recurrir a las afirmaciones hechas por Felipe Calderón durante su sexenio entre el 2006 y 2012 como presidente de México, en donde se distinguían narrativas de rechazo, odio, criminalización y estigma a quienes, en ojos de las autoridades, reproducían el mal de la sociedad.

En México, aún después de 80 mil muertos atribuidos al crimen organizado, no hemos tenido este tipo de auto-reflexión colectiva. Durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando el gobierno todavía hablaba de la violencia, ni el gobierno mismo ni la sociedad política o civil asumían a “los delincuentes” como miembros de la sociedad mexicana. El presidente refería a ellos como si fueran enemigos externos, una suerte de extraterrestres vengativos que habían descendido desde el espacio al territorio nacional, amedrentando y amenazando a “todos los mexicanos”, “la patria”, “la gente”, “los ciudadanos”, “las familias mexicanas”, “nuestros pueblos” (p. 26).

En este proceso de gestión sobre el abandono a las poblaciones que son sujetas a pensarse desde el estigma, agregando que ya como juventudes fuera del “deber ser” cargan desde la precarización de sus vidas con una representación de “peligro”, se les aparta de la mirada cotidiana, asumiendo que sus problemáticas no nos representan reconocimiento. Generando con ello una presencia constante de violencias sociales, en las que estas juventudes son objeto, pero de las que no se genera reflexión alguna. La noción de olvido atiende a un proceso de larga duración en donde el objetivo es el aniquilamiento de una vida, como forma expresión lenta y paulatina de necropolítica.

La ficcionalización del sujeto que se convierte en un enemigo colectivo (Foucault, 2019; Mbembe, 2018), avalado por las hegemonías discursivas del Estado y fundamentado por la exigencia de producción económica, da pie a una noción utilitaria de los cuerpos precarizados, en donde el aprovechamiento que se tiene de su vida y su corporalidad es llevado al límite, hasta dejar lo que Bauman (2005) llama residuos humanos o también poblaciones supérfluas, como resultados directos de las exigencias de la modernidad.

Para este caso, migrar y arriesgar la vida o adscribirse a las células delictivas del crimen organizado, son solo una extensión de las formas en que se ha habitado desde antes. Sin embargo las nociones que se tienen de estos actores, casi siempre poblaciones precarizadas o vulneradas de forma sistémica, van cargadas de discursos de odio que requieren un objetivo para aniquilar física y simbólicamente. Por ello, el reconocimiento de la problemática no se detecta o determina únicamente en encontrar el momento de su adscripción a la paralegalidad, sino que se ubicaría en la identificación de todos aquellos elementos partícipes en su alejamiento progresivo con respecto al Estado y sus regulaciones asimétricas.

Bauman (2005) ofrece una explicación preliminar al sugerir que existen diversos niveles de utilidad en la manera en que se emplea a estos individuos, a quienes se cataloga como sobrantes demográficos que no generan un rendimiento económico. Esta conceptualización se desarrolla en el contexto que él denomina la “modernidad”, época que coincide, además, con el nacimiento de las instituciones penitenciarias en su configuración actual. Sobre este tema, el sociólogo señala:

La producción de “residuos humanos” o, para ser más exactos, seres humanos residuales (los “excedentes” y “superfluos”, es decir, la población de aquellos que o bien no querían ser reconocidos, o bien no se deseaba que lo fuesen o que se les permitiese la permanencia), es una consecuencia inevitable de la modernización y una compañera inseparable de la modernidad. Es un ineludible efecto secundario de la construcción del orden (cada orden asigna a ciertas partes de la población el papel de “fuera de lugar”, “no aptas” o “indeseables”) y del progreso económico (incapaz de proceder sin degradar y devaluar los modos de “ganarse la vida” antaño efectivos y que, por consiguiente, no puede sino privar de su sustento a quienes ejercen dichas ocupaciones). (Bauman, 2005: 16)

De esta manera, la condición residual a la que se refiere el autor constituye, en esencia, la base de la utilidad que estos grupos representan para la paz institucional. Dicha paz busca justificar el exceso de violencia ejercido por el Estado, utilizando como mecanismos de ejecución la fabricación de delitos y los procedimientos de coerción para obtener declaraciones preelaboradas que aseguren la detención de los supuestos responsables de cualquier crimen.

CONCLUSIONES

La discusión precedente culmina con dos reflexiones cardinales, al menos en el marco de este análisis: una interrogante crítica y una aseveración fundamental. La pregunta central, acentuada a lo largo del texto y nutrida por el exhaustivo trabajo de campo, es: ¿Cuáles son los factores articuladores que perpetúan estas modalidades de violencia en distintos segmentos poblacionales, especialmente en aquellos más afectados por la precariedad sistémica? La respuesta más inmediata yace en las huellas profundas de las violencias institucionales, que actúan como cimientos de los escenarios hostiles experimentados por las juventudes.

Estas violencias se interpretan, frecuentemente, bajo las categorías de necropolíticas o, incluso, violencias ultraobjetivas. El limitado acceso a empleos formales regulados y la escasez de condiciones de vida dignas generan una palpable distancia entre los intereses y la atención de la sociedad en general y las poblaciones empobrecidas, migrantes y criminalizadas. No obstante, una vía de análisis más rigurosa para abordar esta problemática podría ser el concepto propuesto de aniquilamiento continuum, cuyo andamiaje principal se sustenta en la necropolítica y el abandono-olvido social. El desafío no reside tanto en la generación de nuevos estudios sobre violencias sociales, sino en propiciar lecturas de mayor calado que interroguen las arqueologías de estos procesos y, consecuentemente, impulsen replanteamientos metodológicos profundos.

En este sentido, el presente estudio demuestra empíricamente que la vulnerabilidad de las poblaciones en tránsito y marginadas no es un simple daño colateral o una falla del sistema, sino el resultado operativo de una maquinaria estatal que delega la supervivencia a los márgenes paralegales. Frente a las categorías tradicionales que suelen enfocarse en el exterminio físico o en el acto violento consumado, el aniquilamiento continuum aporta una lente epistémica superior: permite visibilizar que la muerte de estas poblaciones no siempre es un evento fulminante, sino un proceso ininterrumpido de desgaste gradual.

Esta propuesta conceptual logra capturar la agonía biográfica de los sujetos, demostrando que la verdadera violencia letal opera en la fusión entre la necropolítica activa y el abandono-olvido social pasivo. En consecuencia, las implicaciones analíticas y metodológicas para el estudio sociológico de la migración y la violencia resultan contundentes: analíticamente, nos obliga a desplazar la mirada del “incidente violento aislado” hacia la “temporalidad lenta” de la exclusión. Esto exige dejar de patologizar las decisiones de las poblaciones precarizadas para comenzar a entender su inserción en las redes criminales como estrategias lógicas y forzadas de sobrevivencia ante el vaciamiento estatal.

Metodológicamente, demanda que abandonemos la dependencia exclusiva de las métricas de letalidad o de criminalidad tradicional (como la mera contabilidad de cuerpos). Impulsa la urgencia de diseñar herramientas sociológicas y etnográficas capaces de registrar las ausencias, los silencios institucionales y las trayectorias truncadas de aquellos sujetos que experimentan una sustracción total de su existencia mucho antes de su muerte biológica.

BIBLIOGRAFÍA

Augé, M. (1998). Las formas del olvido. Barcelona: Gedisa.

Bauman, Z. (1999). La globalización. Consecuencias humanas. Argentina: FCE.

Bauman, Z. (2005). Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias. Buenos Aires: Paidós.

Boudon, R. (1983). La desigualdad de oportunidades. La movilidad social en las sociedades industriales. Barcelona: Editorial Laia.

Burawoy, M. (2005). “Por una sociología Pública”. En Política y Sociedad, 42 (1), 197-225.

Duarte, C. (2012). “Sociedades adultocéntricas: sobre sus origenes y reproducción”. En Última Década, 36, 99-125.

ENOE. (2025). Comunicado de prensa Num. 433/25. México: INEGI.

ENOE. (2025). Comunicado de prensa Num. 522/25. México: INEGI.

Ernesto, R. (2016). Marcas y trayectorias de las violencias institucionales: juventudes y encierros penitenciarios en México [Tesis doctoral, Universidad Autónoma Metropolitana]. Repositorio institucional de la UAM. https://bindani.izt.uam.mx/concern/tesiuams/c821gj973?locale=es

Ernesto, R. (2024). “Olvido social como necropolítica juvenil: procesos de interacción y resistencia en poblaciones privadas de la libertad”. En Nateras, A. y Soto, P. (coord.) Violencias, México: UAM-I y Bonilla Artigas Editores.

Esposito, E. (2018). “Olvido social: una aproximación desde la teoría de sistemas”. En MAD Revista del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, (39), 1-12.

Fanlo, L. (2012). “¿Qué es un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben”. En Revista de Filosofía, (74), 1-8.

Foucault, M. (2007). El nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collegè de France (1978-1979). México: FCE.

Foucault, M. (2019). Vigilar y castigar. CDMX: Siglo XXI.

Giddens, A. (2000). Un Mundo Desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. México: Taurus.

Ibáñez, T. (1994). Psicología social construccionista. Guadalajara: UDG.

Mbembe, A. (2011). Necropolítica. Sobre el gobierno privado indirecto. España: Melusina [sic].

Mbembe, A. (2018). Políticas de la Enemistad. Barcelona: Futuro Anterior Ediciones.

Reguillo, R. (2012). “De las violencias: caligrafía y gramática del horror”. En Desacatos, (40), 33-46.

Salvador, J. y Vargas, H. (2021). Hiperconsumo occidental. Reflexiones y Alternativas éticas. México: Editorial Torres Asociados.

Schedler, A. (2014). Ciudadanía y violencia. México: CIDE.

Valenzuela, J. (2019). Trazos de sangre y fuego. Bionecropolítica y juvenicidio en América Latina. Alemania: UDG y CALAS.

Valenzuela, J., Nateras, A. y Reguillo, R. (2013). Las Maras. Identidades juveniles al límite. México: UAM-I, COLEF y Juan Pablo.

Žižek, S. (2009). Sobre la Violencia: Seis Reflexiones Marginales. Buenos Aires, Paidós.